23Junio2018

Refrenda Zepeda Bermúdez importancia de consolidar cultura de derechos humanos en Ceresos

Comitán de Domínguez, Chiapas.- El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Juan José Zepeda Bermúdez, visitó el Centro de Readaptación Social No. 10 ubicado en esta ciudad, con la finalidad de observar las condiciones de seguridad y vida digna de la población reclusa que contribuya al respeto y protección de sus derechos humanos.

Zepeda Bermúdez, refrendó el compromiso de la CEDH de supervisar que la organización del sistema penitenciario en Chiapas este basado en la protección de los derechos humanos, el trabajo, la capacitación de los reclusos, la educación, la salud y el deporte como medios para la reinserción social.

Al reunirse con el director del penal, Francisco Ortiz Avendaño, coincidieron en la importancia de consolidar que los derechos humanos de los reclusos sean respetados y se resuelvan las situaciones que generan discriminación, desigualdad y violencia en el interior del centro penitenciario.

El presidente de la CEDH Chiapas, reafirmó que este organismo público continuará brindando atención rápida, con calidad y calidez en los asuntos en los que exista una presunción en la violación de los derechos humanos de la población reclusa, por lo que se dará seguimiento a las visitas que se realicen a los Centros de Readaptación Social.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a Derechos Humanos, los principales hechos violatorios están vinculados con los derechos a la salud y al trato digno, de ahí que se hiciera énfasis en estos temas con el objetivo de atender de manera prioritaria posibles casos que pudieran estarse presentando.

Cabe mencionar que a partir de 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), estableció un sistema de evaluación apoyado en la aplicación de la Guía Nacional de Supervisión Penitenciaria, conformada por una serie de indicadores que permiten verificar y evaluar el respeto y la observancia de los derechos humanos.

En este contexto y con el propósito de elaborar el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) desde el 2013 se instituyó como una obligación el hacer de conocimiento, anualmente, a las autoridades federales y locales competentes, la situación qué los centros penitenciarios guardan, con la finalidad de que se elaboren las políticas públicas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos.

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